El 24 de noviembre de 2021 ha entrado en vigor el Real Decreto 27/2021 por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para aportar a la recuperación de nuestro país, entre ellas, la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022

Ángel Medina Martín, abogado en 4PRO, Abogados y Economistas, despacho colaborador de FEDEME, explica en esta tribuna los requisitos establecidos por la normativa española para incluir datos personales en ficheros de morosos y qué derechos amparan a los clientes que han sido inscritos en uno de estos fichero de solvencia de manera ilegal, aspecto de especial interés para las empresas asociadas de la rama de comercio (por ejemplo, un concesionario que pierde una operación de financiación con un cliente por esta causa, cuando se trata de un error).

A través del acuerdo  que mantiene con FEDEME, Euromedia ofrece auditorías de comunicación para  detectar cómo la comunicación contribuye al plan comercial de las empresas,  independientemente de su tamaño y alcance.

Juan Antonio Peña Torres, expresidente de la Asociación Provincial de Instaladores de Calefacción, Climatización, Fontanería , Gas y Afines de Sevilla y actual tesorero de la Confederación Nacional de Instaladores (CNI), reflexiona en esta tribuna sobre la necesidad de aplicación de las medidas sobre la calidad del aire recogidas en el RITE, en especial en espacios cerrados y de pública concurrencia, y la responsabilidad que les corresponde a las administraciones en esta materia.

Sobre esta cuestión vuelve a pronunciarse la Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso, de 2 de  febrero de 2021 (nº120/2021) analizando en sede de casación, si para que la TGSS pueda derivar la responsabilidad por deudas a los administradores de una sociedad basta con acreditar la situación de insolvencia o, por el contrario, es necesario también justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora de las sociedades de capital.

El pasado 13 de octubre de 2020 se publicó finalmente el RD 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y que desarrolla la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, un reglamento que aclara determinados aspectos básicos, entre otros, la legitimación para la negociación de dichos planes, evitando que hayan de ser los Tribunales los que aclaren los aspectos más oscuros de la Ley, lo que de un tiempo a esta parte ha venido provocando distintas interpretaciones según la competencia territorial e incluso algún indeseable cambio de criterio, poco compatible con una saludable seguridad jurídica, base del desarrollo económico.