Siempre se ha dicho que una de las empresas más rentables de la Comunidad Autónoma Andaluza ha sido VEIASA (propiedad exclusiva de la Junta de Andalucía) con sus múltiples estaciones. Puede que así sea, pero como viene denunciando desde hace años ANFACAR (Asociación Andaluza de Empresas Fabricantes de Carrocerías y Remolques) este balance económico positivo de VEIASA, tiene unos claros perdedores: los usuarios de las ITV que reforman sus camiones, furgonetas o turismo que obligatoriamente tiene que inspeccionar en una ITV para volver a circular.

Este tipo de reformas requieren, una vez realizada la transformación sobre el vehículo, la elaboración de documentación técnica y que debe ser examinada obligatoriamente por personal técnico titulado de la ITV para después pasar una inspección no periódica del vehículo. En estos casos, las demoras son mucho más amplias que las inspecciones periódicas, pasando meses de retrasos para la cita en una ITV de VEIASA.

Si los retrasos de las inspecciones periódicas han causado preocupación en la opinión pública andaluza en las últimas semanas, las consecuencias para el propietario de un camión con una reforma de ponerle una caja basculante, o instalar una plataforma elevadora para cargar mercancías, o si modifica su furgoneta para convertirla en vehículo isotermo, son desesperantes. No se puede disponer del vehículo que en la mayoría de los casos son elementos necesarios para el trabajo de autónomos y de empresas.

Los costes que supone tener un camión o una furgoneta parado un mes, y otro mes por perder los ingresos de no estar operativo, los gastos que hay que pagar a la financiera, así como el deterioro de la imagen ante los clientes, son cuantiosas pérdidas si se suman los miles de vehículos que cada año tramitan una reforma en una ITV de VEIASA en Andalucía.

Según estudios realizados por ANFACAR los plazos medios desde que se remite toda la documentación de los vehículos reformados a una estación de VEIASA hasta que se consigue superar la inspección son superiores al mes y medio de plazo., situación que sitúa a las empresas andaluzas del sector del carrozado y transformación de vehículos en una clara desventaja competitiva ante el hecho de que en otras comunidades autónomas españolas los plazos de tramitación son significativamente menores (entorno a la semana o 10 días hábiles)

Una estimación bastante realista sobre el coste de los plazos de demora existente en Andalucía para la tramitación de reformas con proyecto en vehículo industriales y

comerciales alcanza un valor mínimo a los 15 millones de euros anuales (*) valor que representa más del 60 % del beneficio obtenido por VEIASA (23 millones de euros) en el pasado año 2017.

Esta situación de demoras en la tramitación de reformas ha sido denunciada por ANFACAR ante la Consejería de Industria y a la propia VEIASA a lo largo de los 12 años que lleva creada esta asociación. A pesar de la multitud de reuniones en estos últimos años y propuestas de mejora nunca se resolvió este problema y la situación en estos momentos es catastrófica al unirse la problemática surgida con las inspecciones periódicas.

La reciente ampliación de la plantilla de VEIASA solo ha afectado a inspectores y personal administrativa y no resuelven el problema en lo relativo a las inspecciones no periódicas denunciado insistentemente por ANFACAR. Los técnicos encargados de inspeccionar este tipo de reformas, requieren de una preparación técnica, además de la titulación académica, ya que es necesario el conocimiento de toda la extensa, compleja y cambiante normativa que afecta a las reformas de vehículos. También resulta llamativo que a estas alturas las ITVs de VEIASA, no dispongan de un sistema informático para presentar la documentación técnica para legalizar una reforma de un vehículo, teniendo que llevarse la documentación personalmente a la ITV en papel o CD.

Por todo ello ANFACAR ha solicitado tener una urgente entrevista, con el Director General de Industria de la Junta de Andalucia quien a su vez es también Consejero Delegado de VEIASA desde hace 15 días, para que pueda conocer de primera mano las urgentes demandas del sector.

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(*) Dicho valor se obtiene de una consideración 10 días hábiles de retraso x 10.000 reformas con proyecto/año x 150 € (coste medio diario por tener paralizado un vehículo industrial y/o comercial).