Aprovechando la reciente formación de un nuevo Gobierno que ha prometido cambiar parte de la Reforma Laboral del Partido Popular de 2012, es el momento de hacerlo de verdad pensando en la necesidad del país; algo concordante con el título de este artículo. Lo intentó el PP en 2008; UPYD en 2010, que no prosperó, y más recientemente Ciudadanos en 2015, con igual suerte.

Se plantea -planteo- la introducción de un contrato único que afecte a los nuevos empleos o, hasta que ello sea posible, la racionalización del número actual de modalidades de contratación. El contrato único tendrá una indemnización por despido creciente e irá acompañado de una indemnización portátil -mochila austriaca- que posibilitará la movilidad voluntaria del trabajador sin renunciar a sus derechos adquiridos. Igualmente, es necesario simplificar el régimen de bonificaciones por la contratación, sin dar de lado la necesidad de facilitar la conversión de contratos de jornada completa en parcial para evitar males mayores en empresas en crisis.

El mercado laboral español ha demostrado ser extremadamente vulnerable ante la crisis económica, ya que al inicio de la misma en 2007 nuestro índice de desempleo no difería excesivamente de países de nuestro entorno: España 8,2%; Alemania 8,5%; Francia, 8,00%; Italia 6,1%; Austria 4,9%; Reino Unido 5,3%. A lo largo de estos últimos doce años, estos países mantienen sus tasas de paro con mínimas desviaciones, mientras España cierra 2019 alrededor del 14% lejos, afortunadamente del 26,1% de 2013.

 Para el contrato único indefinido se contemplaría una indemnización creciente en dos escalas. Para despidos procedentes comenzaría en 14 días por año trabajado, por tanto algo mayor de la que ahora reciben los trabajadores eventuales y subiría en dos días por año hasta llegar a 24, con el tope del salario de los dos últimos años como actualmente. Para despidos improcedentes, la escala iría de 22 a 36 días, con el mismo incremento anual de dos días por año. Además, en el caso de que el trabajador decidiese cambiar de empresa voluntariamente, el saldo de esta bolsa “mochila” es de su propiedad y se traslada a la nueva compañía. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema?

 Todos los contratos son indefinidos desde su firma, de este modo, se evita el temor que supone para una empresa convertir a un trabajador eventual en fijo. Actualmente se pasa de una indemnización muy baja a otra relativamente alta; la reforma de 2012 aminoró ese temor. Las empresas son reacias por este motivo a dar el paso, ya que si les va mal en el futuro los costes del despido podrían ser un lastre difícil de superar; esta solución elimina ese salto haciendo más atractiva la contratación.

 El sistema de indemnización “portátil” (la mochila austriaca) implantado en el país que le da nombre en enero de 2003 -ya desestimada por el nuevo Gobierno- con buen resultado y que habría que matizar por la idiosincrasia de nuestras relaciones laborales, supone un pequeño coste para la empresa, un punto sobre la actual cuota patronal, pero a cambio le evita tener que afrontar un gran pago en caso de despido; y tiene una gran ventaja para el trabajador, al cambiar de empresa, no renuncia a esa indemnización, sino que se lleva con él el derecho a percibirla en caso de despido, lo que favorece su movilidad al eliminar el temor, fundado de cambio, con el manido pero lógico  de “los derechos adquiridos”, y la mejora de su futura pensión, garantía que también habrá de pagar con un incremento de la actual cuota a la Seguridad Social el trabajador en un punto.

Con la garantía de esta estabilidad, la empresa de seguro daría una mayor formación a sus empleados al considerar más solida la relación, con el consiguiente aumento de productividad.

Al ser un beneficio mutuo entre empresa y trabajador y por tanto de la sociedad, la Administración debe considerar el aporte a este fondo de otro 2% , estimando en principio un 4% del salario bruto el aporte a la “mochila”, que no olvidemos en el mejor de los casos llegado el momento de la jubilación, de no haberse hecho un uso intensivo de su saldo por continuos despidos, y que ha de estar garantizado por el Estado, constituye un añadido a la pensión que le correspondería por el actual sistema de reparto, que inexorablemente ha de disminuir para su viabilidad, a pesar de que las pensiones no contributivas, viudedad, orfandad, complementos a mínimos, etc., etc., deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado y por tanto salir, como en su día lo hizo la Sanidad de los Presupuestos de la Seguridad Social. La desviación a los Presupuestos Generales del Estado de las pensiones antes descritas, y “otros flecos” que nunca debieron ser imputados al Fondo de Reserva de las Pensiones, hará que este vuelva a servir para lo que fue creado.

Puede que esta solución, con sus retoques, no sea “el no va más”, pero el crear ocho o nueve millones de empleo aunque sea  en tres décadas, como sugiere el nuevo Ministro de Seguridad Social parece una utopía, puesto que de ser esto posible, en su mayoría y pensando en la inmigración, serían de baja cualificación; al igual que los creados por las nuevas plataformas digitales que igualmente y aprovechando la falta de regulación de este tipo de empresa, lo harán creando “falsos autónomos” que por sus bajas cotizaciones aún aumentarán el problema, al igual que con la fiscalidad al estar mayoritariamente radicadas en paraísos fiscales.

 Juan Antonio Peña Torres.

Colaborador FEDEME