Fraude fiscal entre los distribuidores de combustible
Se da en sociedades que operan como intermediarias en el mercado de los carburantes y con una corta vida.
Un cambio normativo quiere ponerle coto.
En los últimos meses se está disparando un fraude fiscal en la venta de combustible en España. Se da en sociedades que operan como intermediarias en el mercado de los carburantes y con una corta vida. No hacen frente a sus obligaciones fiscales y se disuelven en uno o dos años.
El próximo 28 de marzo un cambio normativo, que prohibirá la venta de carburante entre distribuidores, intentará poner coto a esta práctica fraudulenta. Se quiere acabar así con el fraude que se produce en empresas que operan en el sector y que no pagan el IVA y las demás tasas a las que la ley les obliga.
La breve vida de estos distribuidores es clave para cometer este tipo de fraude.
Las estaciones de servicio, si detectan precios anómalos de sus distribuidores, pueden pedirles certificados que demuestren que están al corriente de sus obligaciones laborales y fiscales.
Desde el sector se pide que cuando el carburante salga de los depósitos fiscales, los distribuidores paguen el IVA. En la actualidad están exentos durante un periodo transitorio.
Según los datos oficiales de Hacienda, el agujero del fraude fiscal en la venta de hidrocarburos fue de 700 millones de euros en 2022. A esto hay que sumar la evasión de las compensaciones que tiene que pagar los operadores que no incluyen en su producto el volumen de biocombustible fijado en Europa, algo que supuso una merma de otros 95 millones a las arcas públicas.
